Hay una diferencia fundamental entre reducir el Estado y reorganizar el Estado. La primera implica abolir funciones coercitivas, devolver recursos al sector privado y eliminar el aparato burocrático como tal. La segunda es simplemente una reforma administrativa, es decir, mover piezas en el tablero sin cambiar la naturaleza del juego. El gobierno de Milei, en sus primeros ocho meses, hizo de manera casi exclusiva lo segundo.
El relato oficial habla de motosierra (literalmente) y de shock libertario. Los fanáticos de Milei muestran la reducción de ministerios de dieciocho a nueve. Pero ese dato requiere una lectura mucho más cuidadosa. Lo que pasó no fue la abolición de funciones estatales, fue su concentración. El Ministerio de Capital Humano, por ejemplo, absorbió las carteras de Educación, Cultura, Trabajo y Desarrollo Social bajo una sola estructura. El Ministerio de Infraestructura, al ser disuelto, transfirió sus secretarías al Ministerio de Economía, que quedó así convertido en un organismo de proporciones inusitadas. Fusionar burocracia no es destruir burocracia, es consolidarla. El Estado no hizo más pequeño, se hizo más compacto.
Esto no es un detalle menor. Rothbard fue explícito en que el problema del Estado no reside en su organigrama sino en su existencia como aparato de coacción. Un Leviatán con nueve cabezas no es menos Leviatán que uno con dieciocho. Los empleados conservaron sus cargos. Las funciones regulatorias siguieron en pie. Los presupuestos fueron reasignados, no eliminados. La violencia institucional que sostiene cada uno de esos organismos, esa capacidad de extraer recursos por la fuerza y de regular la conducta pacífica de individuos, no desapareció: cambió de domicilio.
Pero el cuadro no se agota en las fusiones. El gobierno que se proclama libertario también creó nuevos organismos. En abril, mediante el Decreto 301/2024, incorporó al organigrama la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, con rango presidencial, dotada de dos subsecretarías propias y personal designado por decreto. En julio, a través de los decretos 614 y 615, disolvió la Agencia Federal de Inteligencia y en su reemplazo erigió una nueva arquitectura de inteligencia: la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con dependencia directa del presidente, más cuatro organismos desconcentrados bajo su órbita, el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). En términos netos, donde existía un organismo de inteligencia, ahora existen cinco, todos concentrados bajo la autoridad directa del Ejecutivo y todos creados por decreto, sin debate parlamentario, en flagrante contradicción con las exigencias de control que la propia ley de inteligencia establecía.
Que estos nuevos organismos de inteligencia dependan directamente del presidente no es un dato accesorio, es el dato central más importante. Tanto Rothbard como Hoppe coincidían en que la tendencia natural de todo Estado es expandir su poder discrecional, concentrar la coerción y eliminar los controles que pudieran limitarlo. La nueva SIDE no es una reforma liberalizadora, es la consolidación del monopolio de la información política en manos del Ejecutivo, con menos supervisión legislativa que la que existía antes.
El contraste con lo que una reforma genuinamente libertaria exigiría es enorme. Un gobierno serio en su compromiso con la reducción del Estado no habría creado organismos de inteligencia nuevos, habría preguntado por qué el Estado necesita espiar a alguien. No habría consolidado secretarías en el Ministerio de Economía, habría abolido las funciones regulatorias que esas secretarías ejercen. No habría fusionado el Ministerio de Infraestructura con Economía, habría devuelto la obra pública al mercado. Nada de eso pasó.
Lo que el gobierno de Milei está ejecutando es una reforma fiscal de corte ortodoxo, orientada al equilibrio presupuestario y no a la reducción de la violencia institucional. Eso puede ser preferible al kirchnerismo, pero no es libertarismo. Rothbard lo habría llamado administración conservadora del Estado.
La motosierra, en definitiva, podó algunas ramas visibles del árbol y plantó otras nuevas.
