El gobierno de Javier Milei acaba de anunciar la paralización de toda la obra pública nacional. Los libertarios, como Mariano de Break Point, aplauden. Yo no.
En sus primeras semanas de gestión, la administración Milei congeló contratos de obra pública por valor de billones de pesos. Rutas sin terminar, hospitales a medio construir, obras de infraestructura paralizadas de un día para el otro. El argumento oficial es claro: el Estado no tiene plata y hay que cortar el gasto.
Correcto en el diagnóstico pero están equivocados en la lógica.
Murray Rothbard fue implacable con el gasto estatal. En Power and Market dejó en claro que todo el presupuesto gubernamental es una extracción coactiva de riqueza privada. Desde esa perspectiva, cortar la obra pública es, en principio, algo positivo.
Pero Rothbard también fue implacable con algo más: la ilusión de que el poder ejecutivo recortando a discreción equivale a reducción del Estado.
Lo que está ocurriendo en Argentina no es una devolución de recursos al mercado. Es una reconfiguración de la discrecionalidad. El gobierno no elimina su poder de decidir qué se construye y qué no. Simplemente decide no construir, y retiene igualmente el control sobre esa decisión. Los fondos no regresan a los contribuyentes, el poder no se descentraliza, solo cambia de forma.
El problema estructural
La obra pública en Argentina no es un fenómeno neutral. Es el núcleo del sistema de coimas, sobreprecios y clientelismo político que financia a buena parte de la clase dirigente desde hace décadas. Lázaro Báez no fue una anomalía, fue el sistema funcionando con perfecta coherencia.
Paralizar las obras sin desmantelar ese sistema, sin devolver los fondos, sin eliminar los organismos que los administran, es simplemente dejar el aparato intacto y apagado. Listo para volver a encenderse.
Un Estado que no gasta no es un Estado más pequeño. Es un Estado en pausa.
¿Qué sería realmente liberal?
Una política coherente s implicaría:
- Rescisión de contratos con responsabilidad clara, no parálisis administrativa opaca
- Transferencia de activos al sector privado donde sea posible, no congelamiento
- Eliminación de los organismos que gestionan esos fondos, no suspensión de sus funciones
- Devolución efectiva de recursos a la sociedad civil, no reasignación discrecional futura
Nada de eso está pasando, lo que hay es un ajuste de emergencia presentado con lenguaje libertario.
El fin de la obra pública puede ser el primer capítulo de una historia de libertad. O puede ser simplemente el capítulo en que un nuevo gobierno concentra poder, administra la escasez y prepara el terreno para renegociar las mismas obras con otros socios.
La diferencia no está en el anuncio sino en lo que viene después.
