El gobierno de Milei acaba de cerrar abril con una ráfaga de decretos que presentan como la mayor liberalización económica desde la convertibilidad. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, anunció una reducción del personal ministerial del 30% y reorganizó su propio organigrama bajo el Decreto 302/25. Se derogaron artículos del Código Aeronáutico. Se eliminaron trabas en el sector naval. Se anunció el fin del cepo cambiario para personas físicas, con un régimen de bandas móviles entre 1.000 y 1.400 pesos para el dólar en el Mercado Libre de Cambios.
Pero desregular y liberar no son la misma cosa.
Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca, la libertad económica no es la ausencia de normas administrativas. Es la vigencia irrestricta de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la inexistencia de privilegios coactivos para ningún agente, incluido el Estado.
Bajo esa vara, los decretos de mayo presentan una paradoja que debería incomodar a cualquiera honesto.
El gobierno elimina la obligación de registrar armadores navales anualmente. Simplifica trámites en aeronáutica. Deroga comisiones asesoras. Bien. Esas son remociones de burocracia, no ampliaciones de libertad. La diferencia no es semántica. Una empresa puede operar en un mercado perfectamente desregulado desde el punto de vista administrativo y aun así estar sujeta a la extorsión fiscal más brutal que se recuerde.
¿Y cuál es la presión tributaria que enfrenta hoy un empresario argentino? La recaudación proyectada para 2025 equivale al 29,2% del PBI, con el IVA, ingresos brutos, aportes a la seguridad social e impuesto a las ganancias concentrando el 85% de los ingresos fiscales consolidados. Eso no es desregulación. Es el Estado tomando casi un tercio de toda la riqueza producida en el país, con un aparato tributario que Sturzenegger no tocó, que Caputo no tocó, y que Milei no prometió tocar en ningún plazo concreto.
La apertura cambiaria merece una mención especial, porque es el anuncio más festejado de las últimas semanas.
El BCRA eliminó restricciones cambiarias para personas humanas e implementó un sistema de flotación dentro de bandas, respaldado por un acuerdo con el FMI por 20.000 millones de dólares, con 15.000 millones de libre disponibilidad en 2025.
Un austriaco serio no puede celebrar esto sin formular la pregunta obvia: ¿por qué se necesitan 20.000 millones de dólares prestados por el FMI para que los argentinos puedan comprar divisas libremente? La respuesta la da Rothbard en pocas palabras: porque el Banco Central sigue existiendo. Porque la moneda sigue siendo un monopolio estatal. Porque la causa estructural del cepo, que es la existencia de un banco central con el poder de emitir a discreción, no fue tocada.
Lo que se llama fin del cepo es, en realidad, la sustitución de una restricción directa por un régimen de bandas administradas con intervención del BCRA en los extremos. No es mercado libre. Es un mercado con el Estado parado en la puerta, decidiendo hasta dónde puede llegar el precio.
No hay coordinación genuina posible mientras exista un ente con el monopolio de la emisión. Todo lo demás son ajustes cosméticos al socialismo monetario.
Hay otro problema que los decretos de esta semana dejan al descubierto, y es quizás el más grave desde el punto de vista institucional.
Los decretos delegados mediante los cuales se implementan estas reformas fueron habilitados por las facultades otorgadas en la Ley Bases, en un contexto de dos años consecutivos sin presupuesto nacional aprobado. Esto significa que el gobierno desregula por la misma vía por la que sus antecesores regularon, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, sin debate legislativo genuino, sin participación de los representantes de las provincias y sin el control institucional que exige cualquier cambio normativo profundo.
Un cambio institucional real no es un DNU. Es una ley que modifica estructuras de manera permanente y que ningún gobierno futuro pueda revertir con otro decreto a las 48 horas. La historia argentina está plagada de desregulaciones por decreto que fueron re-regulaciones por decreto al siguiente ciclo político.
Lo que está haciendo el gobierno no es menor. Eliminar burocracia tiene valor. Reducir el gasto tiene valor. Abrir el mercado cambiario tiene valor marginal. Pero ninguna de esas medidas ataca la raíz del problema argentino, que no es la cantidad de regulaciones sino la existencia de un Estado con capacidad de emitir moneda, cobrar impuestos coercitivos y modificar las reglas de juego por decreto en cualquier momento.
Desregular en ese contexto es como aflojar las esposas de una persona atada a una silla. Algo es algo. Pero sigue atada.
La libertad real requiere otra cosa: la eliminación del monopolio monetario, la reducción drástica y permanente de la carga impositiva, y el establecimiento de reglas institucionales que el propio Estado no pueda violar a voluntad. Mientras eso no ocurra, todo lo demás es gestión.
Y gestionar el estatismo con mayor eficiencia no es libertad. Es administración de la servidumbre.
