El gobierno de Milei lleva varios meses prometiendo una reforma laboral que, según sus voceros, va a liberar el mercado de trabajo y terminar con décadas de rigidez sindical.
El 42% de los trabajadores argentinos tiene un empleo no registrado, según datos del INDEC al cuarto trimestre de 2024. Entre los jóvenes de hasta 29 años, la cifra escala a casi 6 de cada 10. Eso no es una anomalía coyuntural. Es el resultado directo y previsible de décadas de legislación laboral que encarece contratar, penaliza despedir y convierte cada relación de trabajo en una trampa legal para el empleador. El mercado informal no es una falla del mercado: es la respuesta racional de millones de personas que decidieron operar fuera de un sistema cuyo costo de entrada resulta prohibitivo.
Frente a ese diagnóstico, ¿qué propone el oficialismo?
El proyecto crea el llamado Contrato Único de Trabajo como modalidad optativa. Fija un fondo individual de cese laboral administrado por una entidad pública, lo que implica que el Estado sigue interviniendo en la forma en que se extinguen los contratos. La indemnización por antigüedad no desaparece, se modifica, pero sigue siendo una obligación legal impuesta desde arriba. Los convenios colectivos no se eliminan, se reforma su ultraactividad, lo que es un ajuste marginal dentro de la arquitectura corporativista que los sostiene.
Dicho de otro modo, el andamiaje institucional que generó la informalidad queda intacto. Se ajustan algunos parámetros, se crean nuevas figuras opcionales, y el Congreso puede decir que hizo algo.
El problema no es que la indemnización sea de un mes por año en lugar de otro coeficiente. El problema es la existencia misma de un régimen indemnizatorio obligatorio fijado por ley. Cuando el Estado impone condiciones al contrato de trabajo, no está protegiendo al trabajador, está impidiendo que empleadores y trabajadores lleguen a acuerdos mutuamente beneficiosos. Cada restricción legal que encarece el despido es, simultáneamente, una restricción encubierta a la contratación. El empresario que sabe que no puede despedir libremente, no contrata libremente.
Entre enero de 2024 e igual mes de 2025 se perdieron casi 500 mil empleos registrados. El sector privado acumuló 79 mil puestos menos en ese período. Esto ocurrió mientras el gobierno anunciaba que estaba saneando la economía. La actividad económica empezó a recuperarse en algunos trimestres, pero el empleo formal no la siguió. En junio de 2025, tanto la actividad como el empleo registrado privado registraron una evolución negativa.
La razón no es misteriosa. Los empresarios no contratan formalmente cuando el marco legal convierte cada empleado en un pasivo potencial difícil de liquidar. La reforma propuesta no cambia esa estructura de incentivos en lo esencial. Crea ventanas opcionales, da créditos fiscales a quienes incorporen personal nuevo, y llama a eso modernización.
Pero la libertad contractual real no necesita incentivos fiscales del Estado. Necesita que el Estado se retire.
Lo que Argentina necesita no es un contrato único optativo gestionado por entes públicos. Necesita la derogación de la Ley de Contrato de Trabajo, la eliminación de las contribuciones patronales obligatorias, y el fin del monopolio sindical sobre la negociación colectiva. Eso no está en el proyecto. Ni de cerca.
