El martes 7 de febrero, la Cámara de Diputados devolvió a comisión el proyecto de Ley de Bases y Condiciones para la Libertad de los Argentinos, conocido popularmente como Ley Ómnibus, luego de que el oficialismo no lograra sostener los votos necesarios para aprobarlo artículo por artículo. El gobierno habló de traición, los medios afines a Milei lloraron la derrota de la libertad, y los libertarios de redes condenaron según su alineamiento tribal. El debate real, el que importa, no ocurrió en ninguno de esos bandos.
La pregunta que nadie formula es la siguiente: ¿era esta ley un instrumento de libertad o era simplemente una redistribución del poder coercitivo hacia otra mano?
Una ley de 600 artículos no es un manifiesto liberal
El proyecto original contenía más de 600 artículos y fue reducido a 383 antes de llegar al recinto. Una ley de semejante extensión no desregula sino que solo reorganiza. No elimina el Estado simplemente lo redistribuye. La libertad no se construye mediante paquetes legislativos negociados entre facciones políticas. La libertad emerge cuando el Estado retrocede; no cuando una coalición parlamentaria aprueba condiciones y bases para que el Ejecutivo pueda actuar con facultades delegadas.
Los primeros seis artículos aprobados en la sesión del martes, los referidos precisamente a la declaración de emergencia y las facultades delegadas al presidente, son la clave interpretativa de todo el proyecto. Ahí está la columna vertebral de la Ley Ómnibus, no la desregulación, sino la concentración de poder discrecional en el Ejecutivo.
El espejismo de las privatizaciones
Se dirá que la ley incluía privatizaciones, y que bloquearlas fue un ataque al libre mercado. Conviene ser precisos.
Las privatizaciones que contemplaba el proyecto no surgían de un reconocimiento filosófico de los derechos de propiedad. Surgían de la necesidad fiscal inmediata de un gobierno que no puede cubrir sus compromisos financieros. Una privatización forzada por déficit, administrada por el mismo aparato estatal que creó las empresas públicas, negociada con los mismos bloques políticos que las sostuvieron durante décadas, no es un avance hacia el libre mercado. Es una operación patrimonial del Estado, ejecutada por el Estado, bajo los términos que el Estado decide. La diferencia no es menor, en la propiedad privada genuina, el origen importa tanto como el destino.
La privatización tiene valor moral y económico solo cuando restituye propiedad legítimamente adquirida a sus dueños naturales o la coloca en el mercado de manera que el proceso de precios pueda operar libremente. Una licitación estatal negociada entre legisladores no cumple ninguna de esas condiciones.
El berrinche del pueblo traicionado
Milei calificó a los diputados que votaron en contra como enemigos de la Argentina y la oficina presidencial publicó una lista denominando a los opositores como antipueblo. La retórica es significativa y merece análisis. Un gobernante que invoca al pueblo para presionar a legisladores que ejercen, con mayor o menor honestidad, su función constitucional de controlar al Ejecutivo, no está practicando liberalismo, está practicando demagogia plebiscitaria.
La oficina presidencial señaló que el pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que decidieron seguir haciéndole el juego a la casta. Aquí conviene detenerse. El pueblo como sujeto político soberano es una ficción metodológicamente insostenible desde la praxeología misma. Solo actúan individuos. Y muchos de esos individuos, cuyos nombres no aparecen en ninguna lista oficial, se benefician de no ver concentradas en un solo hombre las facultades para reformar por decreto casi todos los aspectos de la vida económica del país.
El sistema sigue intacto
El punto central que los libertarios vernáculos parecen incapaces de procesar es que el rechazo de la Ley Ómnibus no cambia nada estructural. El gobierno declaró que continuará su plan económico con o sin respaldo legislativo. Lo cual confirma que el plan no dependía de la ley para ejecutarse, o que el plan puede ejecutarse por otros medios, concretamente, el decreto. En cualquiera de los dos casos, la pregunta sobre la libertad individual queda sin responder.
El Banco Central sigue emitiendo. El cepo cambiario sigue en pie. El sistema tributario que destruye el ahorro y penaliza la producción sigue funcionando. La coparticipación, que es el mecanismo por el cual el Estado federal extrae recursos de las provincias para redistribuirlos según criterios políticos, sigue operando sin modificación alguna. La Ley Ómnibus no tocaba nada de eso de manera sustantiva. Era, en el mejor de los casos, un ajuste administrativo dentro del mismo sistema de planificación centralizada que lleva a la Argentina a la decadencia desde hace décadas.
Menos ley no es más libertad si el aparato coercitivo permanece intacto. Esto no es una sutileza filosófica: es aritmética institucional.
La trampa del posibilismo
El argumento que circula entre los libertarios más condescendientes con Milei es el siguiente, hay que ser pragmáticos, hay que avanzar de a poco, algo es mejor que nada.
Las reformas a medias, cuando refuerzan la estructura del intervencionismo en lugar de desmontarla, no producen efectos intermedios: producen los efectos propios del intervencionismo, agravados por la ilusión de haber avanzado. Una ley que delega poderes extraordinarios al Ejecutivo mientras deja intocado el andamiaje monetario, fiscal y regulatorio no es la mitad del camino hacia la libertad. Es un desvío que aleja del destino mientras da la sensación de movimiento.
El posibilismo tiene un costo intelectual que la corriente libertaria argentina no parece dispuesta a reconocer y es que normaliza la negociación permanente dentro del sistema en lugar de cuestionar el sistema mismo.
