Cada vez que el anarcocapitalismo aparece en una conversación medianamente seria, alguien saca de la galera el mismo conejo «Pero si ya se probó en Grafton y fracasó, hasta los osos se les comieron el pueblo». Y con eso consideran ganada la discusión. No hace falta argumentar, ni refutar la teoría, ni entender qué es la propiedad privada o qué es un orden de derecho privado. Alcanza con repetir la palabra Grafton y mostrar la tapa del libro de Matthew Hongoltz-Hetling, A Libertarian Walks Into a Bear.
El procedimiento es viejo, conocido y eficaz. Es la misma operación que ya describió Hoppe en Democracy: The God That Failed cuando explica cómo se construye el consenso democrático, no por demostración, sino por repetición; no por argumento, sino por anécdota emotiva. La diferencia es que acá la anécdota viene con osos, lo que la vuelve cinematográfica.
El problema, claro, es que la anécdota no demuestra absolutamente nada de lo que pretende demostrar. Grafton no fue un experimento anarcocapitalista. No lo fue ni por las condiciones institucionales en las que se desarrolló, ni por las reglas de juego que se aplicaron, ni por la teoría política que efectivamente se practicó. Llamarlo «anarcocapitalismo» es un fraude semántico tan grosero como llamar «libre mercado» a un kolkhoz soviético porque algún campesino trocaba huevos por leche.
Qué fue Grafton, en serio
El Free Town Project nació en 2004, impulsado por Larry Pendarvis, como una rama del más conocido Free State Project. La idea era que una cantidad suficiente de libertarios se mudaran a un mismo pueblo chico de New Hampshire para, mediante el voto democrático, reducir el presupuesto municipal y bajar algunas regulaciones locales. Eligieron Grafton, un pueblo de aproximadamente 1.100 habitantes. En su pico, los Free Towners habrán sido entre 100 y 200 personas. Es decir: nunca fueron mayoría, ni siquiera en términos demográficos brutos, mucho menos en términos de poder político local.
Detengámonos acá un segundo, porque la operación entera se cae con apenas leer la descripción anterior. Una mudanza interna dentro de los Estados Unidos, a un municipio que sigue siendo parte de:
- el condado de Grafton,
- el estado de New Hampshire,
- la federación de los Estados Unidos.
Esto significa que sobre Grafton continuaban aplicándose, con plena vigencia: el Código Tributario federal (IRS), la legislación penal estatal y federal, el sistema judicial del condado y del estado, la regulación financiera de la Fed y la SEC, el sistema escolar público estatal, el monopolio estatal de la fuerza, el monopolio estatal de la justicia, la regulación ambiental federal y estatal, el departamento estatal de Pesca y Caza (NH Fish and Game), la regulación de armas, la regulación vial, la regulación sanitaria, la regulación laboral y prácticamente toda otra dimensión jurídica relevante.
Los Free Towners no podían establecer tribunales privados, no podían contratar agencias de seguridad privadas con jurisdicción real, no podían crear su propia moneda, no podían modificar el régimen de propiedad, no podían sacarse de encima el sistema escolar obligatorio, no podían establecer covenants restrictivos sobre su territorio, no podían siquiera dejar de pagar impuestos federales y estatales. Lo único que efectivamente podían intentar era votar para bajar algunas partidas del presupuesto municipal y reducir alguna regulación de zonificación local.
Eso es, generosamente, un experimento minarquista local dentro de un marco estatal completo. No es anarcocapitalismo. La distancia entre una cosa y la otra es la misma que separa pintar una pared verde y construir una casa.
Quien sostiene que Grafton refutó al anarcocapitalismo está obligado, antes que nada, a explicar dónde estuvo la propiedad privada absoluta, dónde el derecho privado, dónde la producción privada de seguridad, dónde la ausencia de un monopolio territorial de la violencia. Si no puede señalar ninguna de esas cosas, está hablando de otro experimento, no del nuestro.
La metodología del libro
El insumo principal de la operación es el libro de Hongoltz-Hetling. Conviene recordar qué es ese libro y qué no es.
No es un estudio académico revisado por pares. No es un trabajo de sociología política con metodología explícita. No es una comparación sistemática entre Grafton y un grupo de control de pueblos similares. No es un análisis estadístico de variables. Es, lisa y llanamente, periodismo narrativo: un género en el que el autor selecciona personajes pintorescos, los describe con prosa atrapante, los entrelaza con anécdotas memorables y construye un arco dramático con principio, desarrollo y desenlace. El género es legítimo como literatura y a veces como reportaje, pero es absolutamente inválido como prueba de una tesis teórica.
Hongoltz-Hetling tiene una hipótesis previa («los libertarios son medio chiflados, y cuando se juntan, las cosas se desmadran») y va a buscar las anécdotas que la confirman. Le aparecen, naturalmente, los personajes más extravagantes del pueblo: una señora que alimentaba osos con donas, un tipo que vivía en una carpa, otro que protagonizó episodios delirantes. Eso es lo que vende libros. Pero pretender que de un puñado de personajes excéntricos se sigue una conclusión sobre la viabilidad de un orden social estatista, monárquico, democrático o anarcocapitalista es un salto lógico tan grande que ni siquiera vale la pena llamarlo error, es directamente una estafa metodológica.
Si yo escribiera un libro recopilando todas las anécdotas grotescas de la administración pública argentina (y créanme que con el material disponible podría escribir veinte tomos), ningún estatista serio aceptaría que eso refutó al Estado. Diría, con razón, que se trata de un pastiche anecdótico sin valor probatorio. Bueno, exactamente eso es el libro de Hongoltz-Hetling respecto del anarcocapitalismo. Con la diferencia adicional, no menor, de que el anarcocapitalismo nunca se aplicó en Grafton.
El asunto de los osos
El ítem más memorable del relato es, por supuesto, el de los osos. Hay que decirlo con la mayor claridad posible: el «problema de los osos» en Grafton no fue producto de una desregulación libertaria. Fue producto, antes y después, de la regulación estatal de la fauna en New Hampshire.
En New Hampshire, como en prácticamente todos los estados norteamericanos, la fauna silvestre es propiedad del Estado. No del propietario del terreno donde el oso entra a buscar comida. Del Estado. Es el New Hampshire Fish and Game Department el que decide cuántos osos puede haber, en qué temporadas se los puede cazar, con qué métodos, con qué permisos, en qué cantidades.
Si un oso entra a tu propiedad y rompe tu galpón, no podés cazarlo a voluntad, necesitás autorización estatal, que se da con cuentagotas y bajo condiciones específicas. La población de osos en New Hampshire ha crecido sostenidamente durante décadas precisamente por la combinación de protección estatal, restricciones a la caza y crecimiento del hábitat boscoso, y los conflictos entre osos y humanos aumentaron en todo el estado, no solo en Grafton. Cualquier residente de los pueblos rurales de New Hampshire puede confirmarlo. La supuesta singularidad de Grafton en esta materia es, simplemente, falsa.
Más todavía: la única anécdota verdaderamente dramática del libro, la del ataque a una mujer en su casa en 2012, ocurrió en condiciones absolutamente compatibles con el régimen estatal vigente. No hubo desregulación libertaria de la fauna en Grafton, porque la fauna no estaba en jurisdicción municipal. Estaba, está y seguirá estando en jurisdicción estatal.
Y respecto a la famosa «Doughnut Lady» que alimentaba osos, una persona excéntrica que decide alimentar osos con donas no es un programa libertario, no es una política anarcocapitalista, no es la implementación de la teoría rothbardiana de los derechos de propiedad. Es una persona excéntrica. Bajo un orden de propiedad privada plena, esa señora habría sido demandada (o algo más expeditivo) por sus vecinos por crear un nuisance que ponía en riesgo sus vidas y propiedades. Es, en realidad, un ejemplo perfecto del tipo de externalidad que el sistema rothbardiano resuelve y que el sistema estatal no resuelve nunca, precisamente porque al diluir la propiedad y la responsabilidad, diluye también las consecuencias del comportamiento individual.
Lo que el episodio de los osos demuestra, si se lo lee correctamente, es exactamente lo opuesto a lo que pretende demostrar: muestra que cuando el Estado monopoliza la gestión de un recurso (en este caso, la fauna), genera incentivos perversos, restringe a los propietarios de la posibilidad de defender lo suyo, y termina produciendo precisamente los problemas que dice resolver. Esto es, palabra por palabra, el argumento de Mises sobre el cálculo económico aplicado al manejo de recursos naturales: sin propiedad privada y sin precios, el monopolista no puede asignar racionalmente, y el resultado es ineficiencia y conflicto.
Que el episodio se haya transformado, vía Hongoltz-Hetling, en una refutación del libertarismo es una obra maestra de manipulación narrativa. Pero no es un argumento, solo demuestran ignorancia y sesgo.
Qué exige un orden anarcocapitalista
Conviene recordar, porque la repetición de la calumnia parece haber borrado lo elemental, qué es lo que el anarcocapitalismo, en la formulación rothbardiana y hoppeana, efectivamente requiere para existir. No como deseo ni como ideal regulativo, sino como condiciones jurídicas e institucionales mínimas:
Primero, propiedad privada absoluta sobre todo recurso escaso. Esto incluye no solo bienes muebles e inmuebles, sino también caminos, calles, plazas, cuerpos de agua, aire dentro de límites definibles, y todo recurso natural sobre el cual sea posible establecer apropiación original lockeana o adquisición voluntaria posterior.
Segundo, ausencia total de monopolio territorial de la violencia. Esto significa que ninguna agencia, llámese «Estado», «municipio», «condado», «gobierno federal» o como se quiera, puede imponer su jurisdicción coactiva sobre los habitantes de un territorio.
Tercero, producción privada y competitiva de los bienes que hoy llamamos públicos: defensa, seguridad, justicia, arbitraje, infraestructura. No producción municipal con presupuesto reducido. Producción privada, competitiva, financiada voluntariamente.
Cuarto, libertad de asociación y disociación plena, incluyendo el derecho a establecer covenants restrictivos sobre comunidades de propietarios voluntariamente constituidas, con criterios de admisión y exclusión definidos por los miembros.
Quinto, ausencia de moneda fiat impuesta por curso forzoso, ausencia de banca central, ausencia de sistema de reserva fraccionaria respaldado por prestamista de última instancia.
Sexto, ausencia de sistema impositivo coactivo. La provisión de bienes y servicios se financia mediante intercambio voluntario, suscripción, contrato y cuotas asociativas, no mediante extracción coercitiva.
Pregunto, retóricamente y con cierta sorna: ¿cuál de estas seis condiciones se cumplió en Grafton, New Hampshire, en algún momento entre 2004 y 2017? La respuesta honesta es, ninguna. Cero. No se cumplió ni siquiera parcialmente ninguna de las condiciones que definen un orden anarcocapitalista. Lo único que ocurrió fue que algunos vecinos votaron para bajar el presupuesto municipal y reducir alguna ordenanza local, dentro de un marco estatal y federal absolutamente intacto.
Sostener que esto probó o refutó al anarcocapitalismo es un disparate categorial. Equivale a decir que un partido de fútbol probó la teoría de la relatividad porque se jugó sobre una superficie que tenía gravedad.
Comunidades de pacto vs. enclaves democráticos
Hay un punto adicional que cualquiera que haya leído atentamente a Hoppe va a reconocer inmediatamente, y que es probablemente la crítica más interesante que se le puede hacer al Free Town Project desde adentro de la tradición austrolibertaria.
Hoppe sostuvo durante décadas, y particularmente en Democracy: The God That Failed y en su trabajo sobre inmigración, que la estrategia correcta para construir órdenes libertarios no es mudarse a una jurisdicción democrática preexistente para tratar de cambiarla por dentro.
Esa estrategia, dice Hoppe, no solo es ineficaz, sino que es teóricamente inconsistente. La democracia es precisamente el dispositivo institucional que disuelve la propiedad privada en una propiedad colectiva difusa, sometida a la decisión de mayorías cambiantes. Mudarse a un pueblo democrático y tratar de votar contra la democracia es una contradicción performativa, aceptás las reglas del juego que querés abolir.
La estrategia correcta, en cambio, es la de las covenant communities: comunidades de pacto, fundadas sobre propiedad privada de los miembros, con reglas explícitas de admisión, exclusión y conducta, vinculadas no por residencia geográfica obligatoria sino por adhesión voluntaria a un contrato. La transformación libertaria viene por secesión, fragmentación territorial y multiplicación de pequeños órdenes de propiedad privada, no por colonización interna de unidades políticas democráticas.
El Free Town Project, en este sentido, era una estrategia metodológicamente desencaminada desde el principio. No tenía estructura de covenant. No tenía mecanismo de exclusión. No tenía reglas privadas de admisión. Era simplemente una invitación abierta para que cualquiera que se considerara libertario (con todas las cargas semánticas que esa palabra acarrea en los Estados Unidos) se mudara a un pueblo democrático preexistente.
El resultado era previsible, una mezcla heterogénea de gente con orientaciones políticas vagamente similares, sin ningún filtro institucional, sin ningún compromiso jurídico recíproco, sin ninguna estructura de propiedad común. Es decir, todo lo opuesto a lo que Hoppe propuso durante cuarenta años.
Que algunos episodios pintorescos hayan ocurrido en ese contexto desordenado no refuta la teoría hoppeana. La confirma. Confirma exactamente que sin covenants, sin estructura de propiedad clara, sin mecanismos de exclusión legítima, sin renuncia explícita al juego democrático, no se construye un orden libertario. Se construye, en el mejor de los casos, una variante demográfica de un pueblo democrático preexistente, con todos los problemas que la democracia genera.
La verdadera lección de Grafton
Si uno se sienta a leer la historia de Grafton sin el sesgo del periodismo anti-libertario, lo que encuentra es, paradójicamente, una de las mejores ilustraciones empíricas disponibles del argumento hoppeano sobre por qué la transformación libertaria requiere secesión y no votación interna.
Los Free Towners se enfrentaron, durante años, con la imposibilidad práctica de implementar nada parecido a sus principios dentro del marco estatal vigente. Cada intento de reducción presupuestaria era contrarrestado por exigencias estatales que requerían gasto. Cada intento de desregular era bloqueado por normativa federal o estatal. Cada conflicto con vecinos era arbitrado por tribunales estatales que aplicaban derecho positivo estatal. Cada interacción con la fauna era mediada por la agencia estatal correspondiente. La libertad que efectivamente lograron expandir era marginal, simbólica y reversible mediante la próxima elección municipal.
Esto es exactamente lo que Hoppe predijo. La unidad mínima de transformación libertaria no es el municipio dentro de un estado, sino la propiedad privada plenamente soberana, eventualmente agrupada en pequeñas confederaciones voluntarias de propietarios. Y esa unidad solo se construye mediante secesión efectiva: separación jurisdiccional, no migración interna.
Grafton, leído correctamente, no es la refutación del anarcocapitalismo. Es la refutación del minarquismo electoral interno. Es la demostración empírica de que no se puede salir del Estado mediante el voto dentro del Estado. Y eso es, justamente, la tesis central de Hoppe respecto a la estrategia política libertaria.
Que los enemigos de la libertad hayan logrado dar vuelta este argumento y presentarlo como prueba de lo contrario es un testimonio elocuente del estado lamentable del debate público contemporáneo. No es un testimonio sobre la viabilidad del orden de derecho privado.
Los órdenes sin Estado que sí existieron (y que el periodismo prefiere ignorar)
Como contraste, vale recordar brevemente algunos casos históricos efectivos de órdenes sociales sin Estado central monopólico, casos sobre los cuales hay literatura académica seria y que, curiosamente, nunca aparecen en los libros de Hongoltz-Hetling y similares. La Islandia medieval, estudiada en detalle por David Friedman y otros, funcionó durante aproximadamente trescientos años (siglos X a XIII) bajo un sistema de derecho privado, jueces electos sin monopolio territorial, agencias de enforcement competitivas y resolución de disputas mediante un mercado de defensores. La Irlanda gaélica antigua, bajo el sistema de Brehon Law, operó durante más de mil años con derecho consuetudinario, jueces (brehons) sin coacción territorial monopólica, y resolución privada de disputas. Las ciudades hanseáticas, los mercaderes mediterráneos del derecho mercantil medieval (la Lex Mercatoria), las asociaciones de mutuales de los siglos XVIII y XIX en Inglaterra y Estados Unidos: todos ofrecen ejemplos parciales de cómo funciones que hoy asociamos automáticamente al Estado pueden ser provistas mediante mecanismos privados, voluntarios y competitivos.
Ninguno de estos casos prueba que el anarcocapitalismo funcion» en el sentido absoluto del término, así como ningún caso histórico prueba absolutamente nada en ciencias sociales. Pero todos ellos son, al menos, casos relevantes: casos donde efectivamente operaron instituciones de derecho privado, defensa privada y arbitraje privado durante períodos extensos. Grafton, donde nada de eso ocurrió, no es relevante en este sentido.
El deber intelectual de no ceder a la calumnia
Cada vez que algún estatista (libertarianizado o no) suelte la palabra Grafton como si fuera un mantra refutatorio, hay que tener la disciplina intelectual de hacerle exactamente las preguntas que corresponde:
¿En qué momento Grafton estuvo fuera de la jurisdicción del Estado de New Hampshire y de los Estados Unidos? ¿En qué momento se establecieron tribunales privados y agencias de seguridad privadas con jurisdicción real? ¿En qué momento se abolió el monopolio estatal sobre la fauna que generó el conflicto con los osos? ¿En qué momento Grafton operó como una covenant community con criterios privados de admisión y exclusión, en el sentido hoppeano del término? ¿En qué momento se constituyó como un orden de derecho privado en algún sentido reconocible para Rothbard, Hoppe, Hülsmann o Kinsella?
Las respuestas son, todas, en ningún momento. Y con eso la operación entera se cae.
Lo que tenemos que tener claro, los que defendemos en serio la libertad, es que estas operaciones no son inocentes. Son funcionales. Existen porque alguien necesita que existan. Necesita evitar que la gente piense en serio sobre la naturaleza del Estado, sobre el carácter coactivo de la democracia, sobre la posibilidad real de un orden de derecho privado. Y la mejor manera de evitar que la gente piense en serio sobre algo es entregarle una caricatura ridícula que pueda descartar sin esfuerzo. La caricatura del libertario chiflado de Grafton, alimentando osos con donas en el bosque, cumple esa función a la perfección. Es la versión libertaria del «socialista que quiere robarte la heladera» un hombre de paja al que es muy fácil pegarle.
El oso, dicho de paso, sigue siendo propiedad del Estado de New Hampshire. Si alguien quiere reclamarle, que sepa a quién dirigirse.
